El Observatorio Nacional de prevención contra la Tortura y la Violencia Institucional de Costa Rica (ONAT-CR) está conformado por entidades públicas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, entre ellas: Defensa de Niñas y Niños Internacional-DNI Costa Rica, la Defensa Pública de Costa Rica, la Universidad para la Cooperación Internacional (UCI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y tiene como principal objetivo prevenir y denunciar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de las personas sometidas a cualquier forma de detención por parte del Estado de Costa Rica, así como la promoción de sus derechos humanos.

Con motivo de las medidas ordenadas  por el Ministerio de Justicia de Costa Rica en torno al cambio de régimen jurídico de privados de libertad  ampliamente divulgadas por la prensa nacional, el día 17 de noviembre la (ONAT) emitió el siguiente comunicado:

El Ministerio de Justicia anunció recientemente el cambio de régimen de 570 personas privadas de libertad en las cárceles de Costa Rica. La medida implica que estas personas pasarían a un régimen de control semi institucional, lo cual está previsto en la legislación costarricense.

Las instituciones y organizaciones que forman parte del Observatorio Nacional de prevención contra la Tortura y la Violencia Institucional de Costa Rica (ONAT-CR) reciben la decisión del Ministerio de Justicia con optimismo por cuanto es un paso pequeño pero significativo para cumplir con las obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos que ha asumido el Estado costarricense.

Según datos del Ministerio de Justicia, hasta el 15 de septiembre de este año, el hacinamiento en las cárceles del país ascendía a un 57.1 %. Esto significa que en un espacio diseñado para 9.130 personas estaban conviviendo 13.889 personas.

El hacinamiento genera mayores índices de violencia entre las personas privadas de libertad, aumenta las probabilidades de que se propaguen enfermedades, y constituye, en sí mismo, un trato cruel, inhumano y degradante.

Es importante recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que los Estados son “garantes de los derechos de los detenidos, y deben ofrecer a éstos condiciones de vida compatibles con su dignidad”. Asimismo el máximo tribunal de derechos humanos del continente ha establecido que “la detención en condiciones de hacinamiento, el aislamiento en celda reducida, con falta de ventilación y luz natural, sin cama para el reposo ni condiciones adecuadas de higiene, la incomunicación o las restricciones indebidas al régimen de visitas constituyen una violación a la integridad personal”.

Desde hace algunos años Costa Rica no está cumpliendo con estos estándares mínimos. En su lugar, ha aumentado el uso de la prisión y consecuentemente los índices de hacinamiento se han disparado.

Lo anterior, contraviniendo lo reiterado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia referente a la obligación del Estado costarricense de enmendar las condiciones en las que se encuentran los centros penitenciarios a efectos de evitar vulneraciones a los derechos humanas de las personas que se encuentran privadas de libertad.

Erróneamente, algunos sectores consideran que la prisión es la respuesta para resolver la inseguridad ciudadana, sin embargo, las estadísticas demuestran que esto no es cierto. Según datos del Organismo de Investigación Judicial, hasta el 30 de septiembre de este año se han presentado 100 homicidios más que en el 2014.

Instamos a las autoridades costarricenses a revisar la política criminal existente así como a generar un diálogo nacional, para establecer una verdadera política penitenciaria que garantice los derechos de las personas privadas de libertad, en particular, la readaptación social y la rehabilitación de las personas privadas de libertad.

Fuente: Observatorio Nacional de prevención contra la Tortura y la Violencia Institucional de Costa Rica (ONAT-CR)